Yo no entiendo de leyes y no puedo analizar
con rigor si una ley como la LUV (hasta hace poco la LRAU) es
buena o mala. Pero, como cualquier ciudadano, sufro las
consecuencias del uso que se hace de algunas leyes. Yo vivo en
una casa rústica en el monte; como propietario, recibo una carta
certificada por una notaría que me informa de que mi propiedad
acaba de ser afectada por un PAI. Mi persona y mi familia
comenzamos a sufrir todas las consecuencias de la desinformación
y la impotencia generada por la indefensión. Así comienzan los
efectos de un proceso que se inicia cuando alguien se dispone a
invertir su dinero en algo altamente rentable, haciendo uso de
una ley que permite entrar en la planificación de varios
millones de metros cuadrados, arrollando todo lo que se
encuentre en su interior: campos, inmuebles y personas.
Por todas partes proliferan este tipo de
proyectos, en los que no siempre quedan justificados los
recursos necesarios para sostener esas instalaciones. Después de
acabar las obras, los nuevos dueños serán mayoritariamente
extranjeros (tenemos numerosos ejemplos en Mallorca o en
Málaga). El cambio social producido por esta nueva situación
será tal que las víctimas no serán solo los propietarios
antiguos de los terrenos, sino los habitantes de los pueblos, a
los que les será impuesto por mayoría democrática otro alcalde,
otros comercios, gustos, costumbres etc.
La Administración pública expropia terrenos
cuando es de interés común, pero no se dedica a expropiar la
tercera parte de la superficie de un término municipal y mucho
menos la mitad o las tres cuartas partes. Este es el caso de los
tan prolíficos y desgraciadamente famosos PAI (Plan de Actuación
Integrado). Actualmente, ojeo el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana (DOGV) de cada día y observo casi todos
los días publicaciones sobre actuaciones de este tipo en muchos
municipios. Una vez aprobado por el ayuntamiento los trámites,
se van sucediendo con mayor o menor celeridad; pero cuando lo
aprueba el organismo superior (habitualmente lo suele hacer), el
carácter de privada que tenía la propiedad desaparece. Después
de vivir más de 20 años en esa vivienda, debes marcharte, pues
las condiciones impuestas por el promotor no suelen ser
asumibles por un bolsillo normal. ¿Podrá alguien compensarme con
una vivienda parecida, en un lugar parecido? El dinero no compra
los daños morales producidos por el proceso de intentar
defenderse de ese tipo de actuaciones, vivido día a día durante
varios años.
No hay respuesta a muchas preguntas: ¿Por qué
aguantar todo esto? ¿Por qué no nos dejan vivir en paz? Nosotros
estábamos antes. ¿Son mas importantes o necesarios los que nos
abordan con un PAI en las manos?
¿Dónde se encuentra el principio básico,
constitucional, sobre la propiedad privada?
¿Acaso la LUV es tan poderosa que consigue
abolir la propiedad privada?
¿No será que han asumido el tan criticado
principio comunista de que la propiedad privada se ha de
extinguir a favor del Estado? En nuestro caso, el Estado son los
ricos.
Ahora es un agente urbanizador quien decide
cuánto vale el suelo, dónde se puede construir, cuánto se puede
construir. Y a continuación, el que quiera que se quede y el que
no que se vaya (es decir, que venda). Todo esto amparado por la
Administración.
¿No es esto una nueva forma de expropiación?
Los ricos deciden lo que va a ser de utilidad pública. La
Administración, encarnada por los representantes elegidos por
mayoría, acata esa decisión y la ampara. Ante decisiones tan
importantes ¿no podrían hacer un referendo entre los ciudadanos
censados y los propietarios?
¿No es un ataque contra la propiedad privada?
Podría decirse que el derecho de unos se contrapone al derecho
de otros. Pero ¿cuál prevalece? o ¿cuál es más importante?
¿Acaso el de los más ricos o más poderosos? ¿No hay ningún
tribunal constitucional que investigue estas situaciones antes
de que sea irreversible el proceso? Si es por un mal uso de la
ley, ¿quién le dice basta a los que hacen ese uso de la ley? Y
si esa ley no es constitucional (por las nefastas consecuencias)
¿nadie puede iniciar el proceso para su declaración de
inconstitucionalidad?
El Parlamento Europeo sí que se ha declarado
en contra. ¿De qué sirve eso? Ya sabemos que no es vinculante.
Pero ¿no habría que replantearse algunas cosas en lugar de
culpabilizar a los demás de que se han chivado al Parlamento
Europeo? ¿Qué van a hacer ahora, taparlo con palabras modernas,
como «progreso sostenible» y «protegemos el medio mas que
nadie»?
