Los profesores que sean víctimas de
agresiones físicas o verbales por parte de alumnos o familiares
de escolares tendrán un apoyo más. La Conselleria de Educación
estudia proporcionar asistencia jurídica gratuita a los docentes
que denuncien las agresiones dentro del Plan para la Prevención
de la Violencia y Promoción de la Convivencia Escolar (Previ),
según explicaron fuentes de la citada conselleria.
Hasta el momento, los educadores que sufrían
coacciones, insultos o incluso agresiones físicas por sus
alumnos o sus familiares y se decidían a denunciarlo tenían que
sufragar de su bolsillo los servicios de un abogado y el coste
judicial.
Algunos sindicatos, como es el caso de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF),
está ofreciendo esta cobertura a los profesores sindicados desde
finales de febrero. Según fuentes del sindicato, esta actuación
es ‘‘similar a la protección que ofrece el Colegio Oficial de
Médicos a los facultativos en el caso de las agresiones que
puedan sufrir en el desempeño de su profesión’’.
La cobertura legal que la Administración
ofrece a los profesores se limita, en referencia a la violencia
dentro de las escuelas, a los casos en que el docente sea el
denunciado por supuestas agresiones, apuntaron fuentes
sindicales.
Uno de los letrados del sindicato CSI-CSIF en
Valencia explicó que, normalmente, se trata de faltas
relacionadas con coacciones, injurias o amenazas y que, salvo
que se hayan producido agresiones físicas, profesor y alumno
suelen llegar a un acuerdo previo a la celebración del juicio.
Sin aventurarse a dar cifras, fuentes del sindicato añadieron
que son pocos los casos que han llevado, sobre todo, ‘‘porque no
es normal que los profesores den el paso de denunciar’’.
LAS PROVINCIAS ha intentado hablar con
docentes que han sido víctimas de acoso escolar y la respuesta
común que ha obtenido en todos los casos es el miedo a sufrir
represalias.
Atención telefónica
La creciente preocupación por la violencia en las escuelas
ha motivado que la Asociación Nacional de Profesionales de la
Enseñanza (ANPE) en la Comunidad Valenciana ponga en marcha el
servicio de Defensor del Profesor. A través del teléfono móvil
676269768 y por correo electrónico, los enseñantes podrán
recibir información y orientación urídica sobre cómo actuar en
caso de agresiones.
Desde el servicio jurídico de CSI-CSIF
añadieron que, si bien, los casos de violencia sobre los
profesores son ‘‘aislados’’, estos ‘‘cada vez se repiten más’’.
Los procesos judiciales abiertos por
supuestas agresiones a profesores suelen zanjarse con la
expulsión del alumno del centro escolar y con la imposición de
trabajos sociales o, incluso, la obligación de someterse a
tratamiento psicológico.
Los procedimientos judiciales, cuyo coste
mínimo ronda los 300 euros, pueden prolongarse durante cuatro o
cinco meses, aunque en caso de apelaciones este tiempo llega a
duplicarse.
La
Asociación Nacional de Profesionales de Enseñanza habilita un
teléfono móvil para asesorar a los profesores valencianos